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La publicidad comparativa es común, pero a veces se difumina la línea que la separa de la difamación o las prácticas comerciales desleales, que pueden convertirla en ilegal.
Condiciones para la Legalidad de la Publicidad Comparativa
La publicidad comparativa, que implica inherentemente una situación competitiva, solo es lícita si se cumplen las siguientes condiciones:
• No debe ser engañosa ni confusa;
• Debe referirse a bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan los mismos objetivos y se vendan simultáneamente, es decir, productos o servicios que el público objetivo del anuncio considere intercambiables;
• La comparación debe ser objetiva, excluyendo cualquier referencia a valoraciones subjetivas como la estética, el sabor, el aroma o el aroma. Además, cuando el anuncio compara precios, implica que estos se comparan en su totalidad;
• Esto significa que la comparación se centra en «las características esenciales, relevantes, verificables y representativas de los bienes o servicios»: la comparación puede referirse a una o más características. El precio puede ser una de ellas;
Se debe identificar a los competidores cuyos productos o servicios se comparan. Esta identificación puede ser explícita o implícita. El destinatario de la publicidad comparativa puede ser un consumidor o un profesional.
Sanciones por Publicidad Comparativa Ilícita
Si incumple los requisitos legales, sus competidores o las autoridades económicas podrían tomar diversas medidas, y podría enfrentarse a diversas sanciones:
• Sanción civil: Podría ser condenado al pago de daños y perjuicios por competencia desleal, de conformidad con el artículo 1240 del Código Civil francés.
• Sanciones penales: La publicidad comparativa constituye una práctica comercial engañosa, ya que el anunciante puede ser condenado a dos años de prisión y a una multa de 300.000 €. El importe de la multa podrá incrementarse al 10 % de la facturación anual media, calculada sobre la base de las tres últimas facturaciones anuales conocidas en la fecha de la infracción, o al 50 % de los gastos incurridos para la producción de la publicidad o práctica que constituye la infracción.
• Sanciones aplicables por infracción de marca: cuatro años de prisión y una multa de 400.000 € por infracción de marca.
Las infracciones de las normas relativas a la publicidad comparativa también pueden ser investigadas y perseguidas por agentes de la Administración Económica, quienes, tras un procedimiento contradictorio, podrán ordenar a la empresa que cese la práctica de la publicidad comparativa ilícita en un plazo razonable. Si, transcurrido este plazo, la empresa no ha cumplido la orden de la DGCCRF, esta podrá imponerle una multa administrativa de hasta un máximo de 3.000 € para personas físicas y 15.000 € para personas jurídicas.
Los agentes de la DGCCRF también pueden interponer acciones legales ante los tribunales civiles para solicitar al juez que ordene el cese de la práctica, tras haber notificado al Ministerio Fiscal.
Por último, la Ley de Confianza Digital (Loi pour la Confiance Numérique) francesa incluye disposiciones específicas aplicables a las plataformas de comparación en línea, que deben mostrar una sección específica en su sitio web que describa sus métodos de comparación.
Diseño de publicidad comparativa legal:
Gouache Avocats le ayuda a diseñar, estructurar y redactar su contenido comparativo, garantizando que cumpla con los criterios establecidos en la legislación y la jurisprudencia aplicables.
Gouache Avocats también le acompaña si es víctima de una campaña publicitaria desleal, denigrante o difamatoria.
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