Su empresa está sujeta a un procedimiento colectivo.
Usted se pregunta sobre los efectos de tal procedimiento en el contrato de arrendamiento comercial.
¿Conduce a la rescisión del contrato de arrendamiento?
La apertura de un procedimiento colectivo (salvaguardia, reorganización o liquidación) no conlleva de pleno derecho la rescisión del contrato de arrendamiento. Cualquier estipulación en contrario se considerará no escrita.
Si el administrador judicial (o el liquidador) designado por el tribunal de comercio no procede a la rescisión del contrato de arrendamiento, el arrendador podrá solicitar la rescisión del contrato de arrendamiento ante los tribunales.
Sin embargo, su solicitud no podrá referirse a los atrasos de alquileres y cargas anteriores a la apertura del procedimiento colectivo.
Sólo podrá solicitar la rescisión para los créditos nacidos con posterioridad, después del cumplimiento de un plazo de al menos tres meses a partir de esta sentencia.
Durante el periodo de referencia, el arrendador no podrá valerse de la falta de explotación para continuar la rescisión del contrato de arrendamiento.
El arrendador también podrá solicitar al administrador judicial (o al liquidador) que tome posición sobre la continuación del arrendamiento. Si este último no dispone de los fondos necesarios para pagar los alquileres, debe, en principio, rescindirlo.
Los créditos nacidos antes de la sentencia de apertura del procedimiento colectivo deberán ser objeto de una declaración de créditos en un plazo de dos meses a partir de la publicación del anuncio de dicho procedimiento en el BODACC. De lo contrario, el arrendador perderá la posibilidad de cobrarlas.
También se plantea la cuestión del depósito de garantía: ¿puede el arrendador compensar el depósito de garantía que se le entregó en el momento de la celebración del contrato de arrendamiento con los créditos nacidos con anterioridad?
¿Gouache propone un acompañamiento destinado a evitar las numerosas «trampas»?
Contigo, teniendo en cuenta tus preocupaciones particulares, ponemos en marcha una “hoja de ruta”.
Para abordar y limitar los aspectos negativos de un procedimiento colectivo, Gouache utiliza una metodología que incluye documentos y pasos estandarizados.
Stéphane Ingold
Avocat associé
Responsable "Immobilier commercial"
Nicolas Pchibich
Avocat associé
Responsable "Immobilier commercial"
En el caso de un procedimiento colectivo, se aplican normas específicas: le guiamos para que actúe en el mejor interés de sus intereses.
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Impugnar una orden de pago
Nuestro bufete notifica a su arrendador un argumento técnico para demostrar que la orden de pago con respecto a la cláusula resolutoria es ilícita, ya que no se pueden reclamar los alquileres cuyo pago solicita.
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