Fijación de precios y ventas online en el sector de los electrodomésticos

Después de once años de procedimiento, la Autoridad de la Competencia condena a 12 empresas por acuerdos verticales entre fabricantes y distribuidores (ADLC Decisión n° 24-D-11del 19 de diciembre de 2024)

Es un litigio fluvial: hechos antiguos, once años de procedimiento, una decisión de 300 páginas: la Autoridad de la Competencia impuso una multa total de 611 millones de euros a varias empresas por acuerdos sobre precios al por menor. Estas prácticas, que datan de 2007 para las más antiguas, fueron reveladas por indicios proporcionados por la DGCCRF en 2011 y 2012, seguidas de visitas e incautaciones en 2013 y 2014. La Autoridad había notificado 13 quejas a diecisiete empresas, así como a la organización profesional del sector.

Algunas empresas habían invocado la prescripción decenal, pero la Autoridad rechazó este argumento, considerando que la suspensión de la prescripción inducida en caso de recurso contra las operaciones de visita e incautaciones se aplica a todas las partes en el litigio y no solo a las que efectivamente interpusieron un recurso contra las visitas e incautaciones.

Diez empresas aceptaron el procedimiento de transacción, reconociendo implícitamente las quejas. Sin embargo, Seb y Boulanger impugnaron estas acusaciones. La Autoridad constató que Seb controlaba activamente los precios de reventa de sus productos en línea, comunicando periódicamente los precios recomendados a los distribuidores y supervisando su aplicación. Esta estrategia pretendía mantener los precios en un nivel elevado, lo que se consideraba una restricción por objeto de la competencia.

En cuanto a Boulanger, la Autoridad destacó su participación activa en la política de precios de los fabricantes. Boulanger no solo se adhirió a las solicitudes de fijación de precios, sino que también supervisó a otros distribuidores para garantizar el cumplimiento de estos precios. Esta participación se consideró como un acuerdo generalizado para reducir la presión competitiva.

La decisión se inscribe en la continuidad de la jurisprudencia europea y francesa en materia de acuerdos verticales. Aplica el estándar de prueba basado en un «paquete de indicios» a tres ramas: invitación del proveedor, consentimiento de los distribuidores e implementación de una política coercitiva. Las prácticas incluían medidas coercitivas como el cese de las entregas o la prohibición de vender determinados productos.

A esto se añade el hecho de que las empresas eran conscientes del carácter anticompetitivo de sus prácticas, ya que utilizaban un lenguaje codificado para no revelar la práctica.

Esto ilustra una vez más hasta qué punto la libertad de fijación de precios y la posibilidad de que los distribuidores vendan en línea son temas considerados particularmente graves, que pueden dar lugar a sanciones muy severas.